Cargos por violencia familiar en Texas: defensas y consecuencias para no ciudadanos

Una acusación de violencia familiar en Texas produce consecuencias en tres lugares a la vez: la corte criminal que escucha el cargo, la corte civil que puede emitir una orden de protección y (para no ciudadanos) el sistema migratorio que escudriña cualquier hallazgo de violencia familiar con intensidad inusual. Las ofertas de acuerdo que parecen razonables desde una perspectiva puramente de defensa criminal pueden ser devastadoras desde la perspectiva migratoria. Esta guía recorre cómo se cruzan los tres.

El cargo criminal. La violencia familiar en Texas está definida en la sección 71.004 del Código Familiar e incluye asalto, amenaza terrorífica y otros delitos donde la presunta víctima es un miembro de la familia o el hogar o una persona en una relación de noviazgo. Un asalto de primera ofensa, delito menor con un hallazgo de violencia familiar, es típicamente un delito menor Clase A bajo la sección 22.01 del Código Penal, castigable con hasta un año en la cárcel del condado y hasta cuatro mil dólares en multas, más consecuencias colaterales sobre armas e inmigración.

La orden de protección. Separado del caso criminal, la presunta víctima puede solicitar una Orden de Protección de Emergencia del Magistrado (a menudo emitida al ser fichado) y después una Orden de Protección de más largo plazo bajo el capítulo 85 del Código Familiar. Una orden de protección puede prohibir contacto con la presunta víctima, prohibir acercarse a una distancia indicada del hogar y el trabajo, prohibir la posesión de armas e imponer otras condiciones. La audiencia de la orden de protección es civil y usa un estándar de prueba más bajo que el caso criminal.

Consecuencias federales sobre armas de fuego. Bajo 18 U.S.C. sección 922(g)(9), una condena por delito menor "por un delito de violencia doméstica" prohíbe a la persona condenada poseer armas o municiones de por vida bajo la ley federal. Esto aplica incluso si la ley de Texas permitiría la posesión después de una adjudicación diferida. La prohibición federal es la consecuencia colateral más común que los acusados de Texas no ven venir.

Consecuencias migratorias. Bajo la ley federal de inmigración, las condenas por violencia familiar se escudriñan intensamente. Un "delito de violencia doméstica" puede ser un delito deportable bajo la sección 237(a)(2)(E) de la INA. Algunas condenas por asalto también pueden ser delitos que involucran torpeza moral. Un hallazgo de orden de protección que indique que el demandado representa una amenaza creíble puede generar deportabilidad de manera independiente. Incluso una adjudicación diferida generalmente se trata como una condena para fines migratorios.

Defensas que realmente funcionan. La más común es la defensa propia o defensa de un tercero, particularmente cuando la presunta víctima fue el agresor inicial o el escenario fue mutuo. La retracción por parte de la presunta víctima es común en casos de violencia familiar, pero los fiscales la tratan con cautela y no termina automáticamente el caso. La falta de evidencia de lesión corporal (sin registros médicos, sin fotografías) a menudo apoya negociar la salida del hallazgo de violencia familiar del caso.

La negociación que importa. La negociación más importante en un caso de violencia familiar de un no ciudadano es si la disposición incluye un hallazgo de "violencia familiar" o no. Una declaración a un delito sin violencia familiar (a menudo conducta desordenada o asalto simple sin el hallazgo) preserva las opciones migratorias. Una declaración a asalto con el hallazgo de violencia familiar generalmente no. Esto requiere un abogado defensor que entienda tanto el artículo 42.013 del Código de Procedimiento Criminal de Texas como los activadores federales de removibilidad migratoria.

Para acusados no ciudadanos, no se declare culpable de nada sin un análisis informado en inmigración. El abogado criminal debe consultar con abogado de inmigración antes de ingresar cualquier declaración. El despacho maneja ambas áreas de la ley y rutinariamente coordina el análisis internamente.

Para la presunta víctima. Si usted es la persona que llamó al 911, puede sentirse presionada por la familia, por la realidad financiera o por circunstancias genuinamente cambiadas para retirar el caso. En Texas, el Estado, no la víctima, decide si procesa o no. Puede hablar con el fiscal sobre sus deseos; el fiscal no está obligado a honrarlos. Puede consultar abogado independiente; no está obligada a hablar con el investigador de la defensa sin uno.

Qué hacer ahora: si usted o un familiar ha sido acusado de un delito de violencia familiar en el Sur de Texas, llame al (956) 317-1167 o escriba al WhatsApp al (956) 500-1371 el mismo día. Las ofertas tempranas de acuerdo son las más dañinas si se aceptan sin análisis. Las consultas iniciales son confidenciales. Use /contact para escribir.